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Instrumento político, ruina económica

Así, da a entender que por su naturaleza jurídica y la intervención política, las cajas de ahorro carecían de profesionalidad financiera en sus cúpulas. En los años previos a la crisis llegaron a multiplicar la concesión de créditos y superar a los bancos con políticas de riesgo casi nulas. Todo ello, con unos órganos de gobierno en los que las Comunidades Autónomas, con sus legislaciones específicas, las consideraban “un instrumento relevante de su actuación política y económica”.

Aún con sus herramientas, ¿Pudo hacer algo más el Banco de España para prevenir y atajar la crisis? El informe no lo dice claramente, aunque se inclina por un enfoque meramente “descriptive”. Sea como sea, el resultado ha sido una reestructuración que ha dejado sólo dos cajas de ahorro en pie con una factura viva. Según el supervisor, en términos netos, las ayudas a la banca ascienden hoy a un total de 60.613 millones de euros, aportados en su mayor parte (39.542 millones de euros) por fondos públicos y el resto (21.071 millones de euros), por el Fondo de Garantía de Depósitos que componen los bancos.

Casi 10 años después del estallido de una crisis devastadora para la economía española, la conclusión del informe es que sus efectos están lejos de superarse y, según el supervisor, que no se pudo atajar desde las instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera a pesar de las señales que enviaba el sistema.

Por el camino se quedaron centenares de miles de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas en quiebra. El estudio del Banco de España se centra en la reestructuración de la banca y excluye de su cálculo cuestiones como las pérdidas sufridas por accionistas, preferentistas o tenedores de deuda, aunque sí señala que el rescate generó un aumento de deuda de 51.512 millones de euros.

La digitalización de la Justicia, aún una quimera

El fallo reciente de la plataforma LexNet, que permitió la difusión de cientos de miles de datos confidenciales relativos a procesos judiciales, supone un grave error de seguridad en materia informática del que el Ministerio de Justicia debe dar cumplidas explicaciones. En todo caso, el fallo reveló las carencias en la informatización de un sector cuyo atraso tecnológico contrasta con las novedades introducidas por la Administración en otras áreas como Tráfico, Defensa y, especialmente, Hacienda.

El sistema informático que usan los funcionarios para notificar documentos a los abogados es manifiestamente mejorable. Tal como informamos ayer, los funcionarios se las ven y las desean para poder realizar cualquier gestión, como notificar una simple providencia, a través del arcaico sistema con el que se ven obligados a trabajar. Incluso, en algunas ocasiones, los empleados públicos deben recurrir al correo postal para transmitir algunas notificaciones en áreas rurales o lugares apartados, pese al riesgo de pérdida o manipulación de los documentos. La aplicación que rige para todo el Estado es deficiente por su pésima calidad, pero a ello hay que sumar la falta de coordinación entre las comunidades autónomas -cada una dispone de una aplicación distinta y el lastre que supone consultar un dato en sistemas que se colapsan con frecuencia.

Esta alarmante falta de medios en lo que se refiere a la digitalización judicial está en línea con las carencias de toda índole que arrastra uno de los poderes básicos del Estado. No es de recibo que, teniendo en cuenta los avances registrados en la digitalización de la Administración española, la Justicia siga padeciendo un atraso tan descomunal, lo que inevitablemente conduce al retraso en la resolución de expedientes o la tardanza en los procesos judiciales.

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